Moral y Matrimonio

por Alejandro Bongiovanni

El proyecto de reforma de dos artículos del Código Civil para habilitar el matrimonio entre personas del mismo sexo ya tiene, con toda justicia, media sanción en el Congreso. Analicemos aquí algunas cuestiones de fondo.

No quiero empezar con el latiguillo clásico “tengo amigos homosexuales y son personas excelentes”, porque no los tengo. Tampoco creo que haya que conocer a un homosexual para analizar la justicia de la propuesta del matrimonio entre personas del mismo sexo. Veamos algunos argumentos a favor de la misma.

La moral es un asunto subjetivo e individual.


El Estado no existe para imponernos una moral determinada sino para evitar que atropellemos derechos ajenos. Mientras esto no ocurra, nuestra conducta podrá ser reprobada o aplaudida por nuestros semejantes, pero no castigada por la justicia. Ni la bondad, la solidaridad o el decoro deben ser exigidos a la fuerza por el Estado, ni puede éste punir la mezquindad, la avaricia o el odio. Sólo las conductas que perjudiquen verdaderos derechos de algún ser humano son relevantes para el aparato estatal.
Esto tiene sentido fundamentalmente por dos razones: en primer lugar, la moral dictada por decreto no es realmente moral, dado que sólo el individuo puede decidir que considera correcto o incorrecto en su fuero íntimo. En segundo lugar, sin acción libre los comportamientos están vacíos de moralidad: quien regala o lastima obligado por una fuerza irresistible no está actuando según normas morales.

Por ende, mal puede el gobierno imponernos como inmoral una unión determinada.

Ser respetuosos es una obligación.


Como señala Alberto Benegas Lynch (h) en lugar de tolerancia, palabra que tiene cierto aroma a superioridad, es mejor hablar de respeto. En este caso, cabe argüir que tenemos la obligación de ser respetuosos por las decisiones que tome el prójimo (de nuevo, siempre que no vulnere derechos ajenos) en materia sexual, religiosa, política, económica, social etc.

El precio de vivir en libertad es justamente respetar muchos estilos de vida que no compartimos. Aquí es donde siempre se complica el juego social. Demasiadas personas –aún las que en determinado asunto se declaran discriminadas– están dispuestas a subyugar con la fuerza estatal a otras personas por el simple hecho de no aceptar sus decisiones. Es lamentable ver como los supuestos discriminados cuando cambia la materia pretenden someter al resto a su voluntad.

El matrimonio es un simple acuerdo de voluntades.


Habemos quienes creemos que el Estado debería desentenderse completamente del matrimonio. El Estado no debería casar ni divorciar personas. Esto sería potestad de congregaciones religiosas determinadas (para quienes decidan casarse según su credo) o por simples notarios o instituciones privadas (para los efectos legales).

El matrimonio es un acuerdo legal, con efectos patrimoniales. El leviatán estatal debería quitar sus manos de esta institución y permitir que las personas (homosexuales y heterosexuales) realicen sus acuerdos como deseen. Hay que quitar el falso moralismo de los artículos del código civil y dejar que personas adultas unan voluntades a su antojo. Coherentemente, quienes abogamos por la libertad individual en esta materia, también debemos estar de acuerdo con uniones poligámicas o entre parientes sanguíneos por citar otros ejemplos.

Pero aún suponiendo que el Estado debe continuar casando a las personas, lo cierto es que no se encuentran muchos argumentos salvo los religiosos (sólo válidos para la grey del credo particular) para rechazar el matrimonio entre personas del mismo sexo.

No obstante, una advertencia.


Más allá del derecho a casarse que tienen los homosexuales - que lograrán efectivizar si el dictamen del Senado es favorable- considero un error el hablar de la “comunidad homosexual”.

Los derechos de las personas son individuales. El hablar de comunidades con derechos propios en realidad es una suerte de sindicalismo social. Todos pertenecemos a múltiples conjuntos y subconjuntos, pero los derechos de nuestro haber los poseemos por ser personas, no por pertenecer a un grupo. El pensamiento contrario lleva a un corporativismo en el que todas las comunidades se convierten en grupos de presión que reclaman para sí derechos inventados, o de otro modo se victimizan y se auto proclaman discriminados. No me agradaría nada ver en el futuro, por ejemplo, un proyecto de ley para que haya un cupo mínimo de empleados homosexuales en cada empresa.

¿Es el contrabando un delito?

Por: Luis Cristian Rivas Salazar

Comete contrabando quien introduce mercancías a territorio nacional en forma clandestina, eludiendo el control aduanero, sin documentación legal o incumpliendo formalidades establecidas por la ley. Nos preguntamos: ¿Las personas dedicadas a esta actividad, las podemos llamar criminales? Creemos que no.
Para cometer un crimen tiene que existir una víctima, y el contrabando es un delito sin víctimas. Por lo tanto, quienes se dedican al contrabando no están cometiendo un crimen, lo que hacen es simplemente no cumplir con la ley. Aquí debemos añadir que no toda ley es justa.
El contrabando es un delito sin víctima porque no existe persona concreta identificable que sufre de violencia injusta en su persona o reciba un ataque a sus derechos, no existe sujeto pasivo concreto. El Estado, la sociedad, el pueblo son abstracciones que difícilmente podemos considerarlas seriamente como víctimas.
Según la doctrina del Derecho, el contrabando no es un delito malo en sí, como el asesinato, sino que es delito porque está prohibido por ley. Este delito aparece con la aparición de fronteras.
El “contrabando” es comercio libre, pacífico y voluntario, pero si se torna violento, es porque existe prohibición. El libre comercio ha existido antes de la aparición del Estado, como modernamente lo conocemos. Con la aparición histórica del Estado nacen los aranceles, y con los aranceles nace el contrabando.
Lo que se castiga con el contrabando es el hecho de no pagar impuestos: el Estado deja de recaudar ingresos por la importación de mercaderías extranjeras.
Decía Murray Rothbard: “El Estado es la única organización que obtiene sus ingresos, no a través de contribuciones voluntarias o el pago por servicios prestados, sino a través de la coerción. (…) el Estado obtiene su renta mediante el uso de la compulsión, es decir, la amenaza de la cárcel y la bayoneta”.
Debemos ser conscientes de que las promesas del Gobierno son los impuestos del mañana, por eso es necesario recaudar ingresos, pero en este afán: ¿Se debe criminalizar a los comerciantes?
Los defensores de los aranceles replicarán que el Estado trata de “proteger” a la industria nacional de la extranjera, tal como se defiende desde el mercantilismo las industrias deficientes, productos caros de mala calidad, empresarios poco innovadores y clientes políticos. Pero los aranceles violan derechos individuales de propiedad privada, libre comercio y contratación con el registro, regulación, decomiso de equipajes e intervención de la correspondencia. Éticamente no se solventa el proteccionismo, como tampoco económicamente, producir más caro en el propio país lo que en el extranjero se produce más barato supone simplemente un despilfarro.
Incluso si admitiéramos que con los aranceles se defiende el empleo nacional, esto no se justifica con la cantidad de personas que sobreviven gracias al comercio internacional. Los que más se benefician con el libre comercio son los pobres, ya que son ellos los que compran y venden más barato y son soberanos en elegir lo que desean consumir, acceden paulatina y democráticamente a productos que en el pasado pensaban que era un “lujo”.
Además, en los países subdesarrollados se importa lo que no se produce en el interior. Gracias al comercio libre muchas personas puede acceder a comprarse vehículos, artículos para el hogar, como acceder a tecnología que de pronto encarecería de aplicarse radicalmente los aranceles o fuertes tributos por parte del Estado. Personalmente, gracias al libre comercio pude acceder al aparato que me permite escribir estas líneas. Si alguien me pregunta: ¿Pero tú compras cosas de contrabando? Estoy en la capacidad de responder: ¿Por qué no?
El gran pensador Frèderic Bastiat ridiculizaba el proteccionismo con su famoso ejemplo de la petición de los fabricantes de velas, bombillas y lámparas que pedían al gobierno protección para sus industrias solicitando la prohibición general de recibir luz solar; tapiando ventanas y tragaluces para así aumentar la producción y empleo nacional ante la competencia solar que regala su producto en detrimento de los fabricantes y empleados, argumentaban que con la medida se beneficiaría hasta el gobierno mediante el pago de aranceles para levantar la prohibición.
Los aranceles altos como medidas de protección suelen traer una serie de males inesperados peores que el tratamiento mismo del problema. Por ejemplo, decía Adam Smith que los impuestos elevados, al disminuir el consumo de los bienes y servicios y algunas veces al fomentar el contrabando o los mercados informales, frecuentemente tienen un adverso en la recaudación del Gobierno que podría obtenerse con impuestos reducidos.
Podríamos mencionar que paralelamente a la aparición de la institución estatal llamada Aduana aparece la institución negativa llamada corrupción. Mientras más controles aduaneros existan, aumentarán más los casos de corrupción y delincuencia organizada para eludirlos: “hecha la ley, hecha la trampa”. Es importante observar que mientras más duras sean las normas de tránsito, por ejemplo, los policías aumentan el monto de la “mordida” ante las infracciones. Efectivamente, los montos de dinero destinados a la corrupción también aumentan, enriqueciendo a quien circunstancialmente tiene que aplicar la ley. Este tema pasa también por el afianzamiento de un marco cultural adecuado de lucha contra la corrupción. Es conocido el caso de prohibición de alcohol en Estado Unidos, en los años 20 del siglo pasado, prohibición que permitió la aparición de la mafia, tráfico clandestino, venta de alcohol adulterado y la corrupción de autoridades policiales con el aumento de la violencia y criminalidad. Este hecho nos enseño que el remedio fue peor que la enfermedad.
Muchas personas, ingenuas pero bien intencionadas, me dirán que la no recaudación de los aranceles significaría menos hospitales y escuelas. Sinceramente quisiera que tengan razón, pero la realidad muestra despilfarro.