Por Alberto Benegas Lynch (h)
El tema que ahora abordamos es seguramente el más importante de cuantos se puedan analizar puesto que todos derivan de él. La premisa sobre la que trabajamos es que todos los seres humanos son únicos e irrepetibles y que , por tanto, el sistema mejor para el proceso de enseñanza consiste en la relación un profesor-un alumno al efecto de descubrir las potencialidades exclusivas de cada candidato.
Desafortunadamente, por el momento, este sistema resulta sumamente oneroso y, en consecuencia, se amortizan las erogaciones con la educación en grupo. Pero de allí no se sigue que todos deban ser tratados como una producción en serie o como una masa amorfa e indistinguible. Es en esta línea de pensamiento que destacamos la importancia de la competencia y de las ofertas muy diferentes para atender los muy distintos requerimientos.
Más aún, la relevancia de prestar atención a cada uno queda subrayado con que últimamente se ha puesto en evidencia en forma reiterada que los llamados tests de coeficientes intelectuales carecen de sentido en cuanto al establecimiento de un pretendido ranking de inteligencias ya que todos los humanos somos inteligentes para muy diversas materias (es la contracara de lo que ha dicho Einstein -que, dicho sea al pasar, como es sabido, fue calificado en el colegio con un IQ muy bajo- “todos somos ignorantes, solo que en temas distintos”).
A diferencia de lo que ocurría antaño, hoy en día, en prácticamente todos los países, se alude a la “educación pública” y a la “privada”. Ambas clasificaciones son falsas. En el primer caso es para ocultar la desagradable expresión de “educación estatal” (puesto que la educación que se ofrece en el ámbito privado es también para el público), tan bochornosa como la prensa estatal o la literatura estatal. En el segundo caso, allí donde existen ministerios o secretarías de educación y otras reparticiones igualmente absurdas cuya misión es imponer pautas, programas o textos, la llamada educación privada no es propiamente tal. En esa esfera solo es posible decidir la edificación del campus, el color de los uniformes y temas análogos, pero el producto que allí se expende proviene de las resoluciones de la burocracia, ergo la institución es de facto estatal aunque de jure aparezca como privada.
Las entidades estatales de educación se financian con impuestos de la misma manera que ocurre con todas las actividades gubernamentales. Todos pagamos impuestos, incluyendo los que nunca vieron una planilla fiscal, lo hacen vía las reducciones operadas en sus salarios como consecuencia de las mermas en las tasas de capitalización debidas a las erogaciones tributarias de los que desembolsan recursos directamente al fisco. Pensemos entonces en los más pobres, tan pobres que no pueden afrontar el costo de oportunidad de enviar a sus hijos a estudiar porque los padres los necesitan para sobrevivir. Esas personas, de hecho, están financiando los estudios de los más pudientes. Una enorme injusticia por cierto. Y quienes con gran esfuerzo pueden enviar a sus hijos a estudiar, si hacen un análisis tributario correcto, están forzados a enviarlos a instituciones estatales al efecto de evitar la doble matrícula y doble costo de la enseñanza.
Contemporáneamente se han propuesto los vouchers o créditos educativos que son de gran utilidad para mostrar el non sequitur: es decir, del hecho de que se afirme que se debe forzar el financiamiento de la educación de otras personas no se desprende que deban existir instituciones educativas estatales ya que se recurre a este mecanismo en el que el aparato estatal entrega recursos detraídos por medio de tributos para que cada uno de los que tienen bajos recursos ingrese a la asociación privada de educación que estime pertinente. Pero una vez comprendido este punto debe aplicarse el mismo análisis fiscal que hemos hecho más arriba, a lo que cabe agregar (debido a los mecanismos de selección a que suele recurrirse en estos casos) que resulta también en una flagrante injusticia que los menos dotados intelectualmente para aplicar a las ofertas existentes sean compelidos a financiar a los más preparados.
Por otra parte, igual que el resto de las empresas estatales, son alarmantes los guarismos que surgen del costo por año por alumno en las entidades educativas estatales respecto de las consideradas privadas debido a la diferente gestión impulsada por los respectivos incentivos. Incluso en muchos de estos cálculos no se computa el capital inmovilizado del campus ya que suelen tomarse solamente los gastos corrientes.
Se suele alegar el “derecho a la educación” sin percibir que a todo derecho corresponde una obligación. La propiedad de alguien que la ha obtenido legítimamente significa la obligación universal de otros de respetar esa posesión, pero si se pretende disponer de algo que no se ha adquirido y se otorgara el “derecho” a mantenerlo, esto significaría que se ha lesionado el derecho de otro a quien se obliga a ceder esa propiedad con lo que en verdad se ha establecido un pseudoderecho.
También se suele esgrimir “la igualdad de oportunidades”, lo cual implica necesariamente desconocer el precepto de la igualdad ante la ley. Si se apuntara a otorgar aquella igualdad a un jugador deficiente en tennis en un partido con un campeón, se deberá obligar a este último a que, por ejemplo, juegue con una sola pierna con lo que se habrá conculcado su derecho. En la vida, las diferencias entre las personas resultan en distintas oportunidades. De lo que se trata es que todos tengan más oportunidades pero no iguales. Esto resulta posible lograrlo si no se desconoce la igualdad ante la ley para imponer en cambio la igualdad mediante la ley.
En otros casos se argumenta que la educación sería lo que técnicamente se conoce como un “bien público”, lo cual, independientemente de las objeciones a esta figura, ni siquiera calza en esa categoría puesto que la educación no sigue los principios de no-rivalidad y no-exclusión.
En otro orden de cosas, la politización en materia educativa arruina la adecuada trasmisión de conocimientos y en no pocas ocasiones se imponen ideas trasnochadas desde el vértice del poder según los caprichos de los funcionarios de turno. El necesario clima de excelencia tiene lugar en donde hay puertas y ventanas abiertas de par en par por las que entra todo el oxígeno disponible en ámbitos competitivos en los que se ofrecen las más variadas posibilidades insertas en mecanismos flexibles al cambio y la actualización, según sean las teorías rivales existentes. No es factible ni coherente educar para la formación de seres libres en base a la coacción.
Por último, la educación es un delicado proceso en el que los profesores pueden incentivar al alimento intelectual pero el educando debe ser receptivo: la mente es como una puerta en la que el picaporte está ubicado del lado de adentro...por más que se golpee si no se abre no hay conocimiento posible. Los incentivos necesarios operan en contextos donde hay arreglos libres y voluntarios entre padres y educadores o entre éstos y los propios interesados, lo cual, desde luego, incluye las becas y las portentosas obras filantrópicas para la capacitación realizadas con recursos propios. Lo contrario es des-educar y entrenar ignorantes y resentidos.
De allí es que el home-schooling tenga tanto éxito y, como apunta The Economist, oficiales de admisión de universidades de prestigio quedan tan impresionados con el buen nivel de preparación, con los modales refinados y las adecuadas vestimentas de los candidatos entrenados en este sistema, para no decir nada de los problemas que se evitan de drogas, sexo y violencia frecuentemente presentes en casas de estudio estatales.
Y no es que en las instituciones privadas no hayan problemas, se trata de que cada uno pueda elegir y cambiar sin verse compelido a financiar actividades que no comparte y que voluntariamente no está dispuesto a sostener. Pero para las necesarias salvaguardas y para que sea operativa la flexibilidad en los autocorrectores es indispensable, insistimos, que los centros de estudios privados sean realmente privados y evitar otro canal por el que se pierde independencia del aparato estatal: los subsidios bochornosos como los que señala Richard Pipes en cuanto a que universidades como las de Columbia, Harvard y Princeton llegaron a recibir respectivamente el 50%, el 38% y el 32,4% de sus presupuestos totales del gobierno federal.
Por todo lo dicho es que Ludwig von Mises ha escrito que “ En realidad hay solo una solución: el estado, el gobierno, las leyes no deben ocuparse de los colegios ni de la educación. Los fondos públicos no deben ser utilizados para esos fines. La crianza y la instrucción de la juventud debe dejarse enteramente en manos de los padres y de las asociaciones e instituciones privadas”.
Desafortunadamente, por el momento, este sistema resulta sumamente oneroso y, en consecuencia, se amortizan las erogaciones con la educación en grupo. Pero de allí no se sigue que todos deban ser tratados como una producción en serie o como una masa amorfa e indistinguible. Es en esta línea de pensamiento que destacamos la importancia de la competencia y de las ofertas muy diferentes para atender los muy distintos requerimientos.
Más aún, la relevancia de prestar atención a cada uno queda subrayado con que últimamente se ha puesto en evidencia en forma reiterada que los llamados tests de coeficientes intelectuales carecen de sentido en cuanto al establecimiento de un pretendido ranking de inteligencias ya que todos los humanos somos inteligentes para muy diversas materias (es la contracara de lo que ha dicho Einstein -que, dicho sea al pasar, como es sabido, fue calificado en el colegio con un IQ muy bajo- “todos somos ignorantes, solo que en temas distintos”).
A diferencia de lo que ocurría antaño, hoy en día, en prácticamente todos los países, se alude a la “educación pública” y a la “privada”. Ambas clasificaciones son falsas. En el primer caso es para ocultar la desagradable expresión de “educación estatal” (puesto que la educación que se ofrece en el ámbito privado es también para el público), tan bochornosa como la prensa estatal o la literatura estatal. En el segundo caso, allí donde existen ministerios o secretarías de educación y otras reparticiones igualmente absurdas cuya misión es imponer pautas, programas o textos, la llamada educación privada no es propiamente tal. En esa esfera solo es posible decidir la edificación del campus, el color de los uniformes y temas análogos, pero el producto que allí se expende proviene de las resoluciones de la burocracia, ergo la institución es de facto estatal aunque de jure aparezca como privada.
Las entidades estatales de educación se financian con impuestos de la misma manera que ocurre con todas las actividades gubernamentales. Todos pagamos impuestos, incluyendo los que nunca vieron una planilla fiscal, lo hacen vía las reducciones operadas en sus salarios como consecuencia de las mermas en las tasas de capitalización debidas a las erogaciones tributarias de los que desembolsan recursos directamente al fisco. Pensemos entonces en los más pobres, tan pobres que no pueden afrontar el costo de oportunidad de enviar a sus hijos a estudiar porque los padres los necesitan para sobrevivir. Esas personas, de hecho, están financiando los estudios de los más pudientes. Una enorme injusticia por cierto. Y quienes con gran esfuerzo pueden enviar a sus hijos a estudiar, si hacen un análisis tributario correcto, están forzados a enviarlos a instituciones estatales al efecto de evitar la doble matrícula y doble costo de la enseñanza.
Contemporáneamente se han propuesto los vouchers o créditos educativos que son de gran utilidad para mostrar el non sequitur: es decir, del hecho de que se afirme que se debe forzar el financiamiento de la educación de otras personas no se desprende que deban existir instituciones educativas estatales ya que se recurre a este mecanismo en el que el aparato estatal entrega recursos detraídos por medio de tributos para que cada uno de los que tienen bajos recursos ingrese a la asociación privada de educación que estime pertinente. Pero una vez comprendido este punto debe aplicarse el mismo análisis fiscal que hemos hecho más arriba, a lo que cabe agregar (debido a los mecanismos de selección a que suele recurrirse en estos casos) que resulta también en una flagrante injusticia que los menos dotados intelectualmente para aplicar a las ofertas existentes sean compelidos a financiar a los más preparados.
Por otra parte, igual que el resto de las empresas estatales, son alarmantes los guarismos que surgen del costo por año por alumno en las entidades educativas estatales respecto de las consideradas privadas debido a la diferente gestión impulsada por los respectivos incentivos. Incluso en muchos de estos cálculos no se computa el capital inmovilizado del campus ya que suelen tomarse solamente los gastos corrientes.
Se suele alegar el “derecho a la educación” sin percibir que a todo derecho corresponde una obligación. La propiedad de alguien que la ha obtenido legítimamente significa la obligación universal de otros de respetar esa posesión, pero si se pretende disponer de algo que no se ha adquirido y se otorgara el “derecho” a mantenerlo, esto significaría que se ha lesionado el derecho de otro a quien se obliga a ceder esa propiedad con lo que en verdad se ha establecido un pseudoderecho.
También se suele esgrimir “la igualdad de oportunidades”, lo cual implica necesariamente desconocer el precepto de la igualdad ante la ley. Si se apuntara a otorgar aquella igualdad a un jugador deficiente en tennis en un partido con un campeón, se deberá obligar a este último a que, por ejemplo, juegue con una sola pierna con lo que se habrá conculcado su derecho. En la vida, las diferencias entre las personas resultan en distintas oportunidades. De lo que se trata es que todos tengan más oportunidades pero no iguales. Esto resulta posible lograrlo si no se desconoce la igualdad ante la ley para imponer en cambio la igualdad mediante la ley.
En otros casos se argumenta que la educación sería lo que técnicamente se conoce como un “bien público”, lo cual, independientemente de las objeciones a esta figura, ni siquiera calza en esa categoría puesto que la educación no sigue los principios de no-rivalidad y no-exclusión.
En otro orden de cosas, la politización en materia educativa arruina la adecuada trasmisión de conocimientos y en no pocas ocasiones se imponen ideas trasnochadas desde el vértice del poder según los caprichos de los funcionarios de turno. El necesario clima de excelencia tiene lugar en donde hay puertas y ventanas abiertas de par en par por las que entra todo el oxígeno disponible en ámbitos competitivos en los que se ofrecen las más variadas posibilidades insertas en mecanismos flexibles al cambio y la actualización, según sean las teorías rivales existentes. No es factible ni coherente educar para la formación de seres libres en base a la coacción.
Por último, la educación es un delicado proceso en el que los profesores pueden incentivar al alimento intelectual pero el educando debe ser receptivo: la mente es como una puerta en la que el picaporte está ubicado del lado de adentro...por más que se golpee si no se abre no hay conocimiento posible. Los incentivos necesarios operan en contextos donde hay arreglos libres y voluntarios entre padres y educadores o entre éstos y los propios interesados, lo cual, desde luego, incluye las becas y las portentosas obras filantrópicas para la capacitación realizadas con recursos propios. Lo contrario es des-educar y entrenar ignorantes y resentidos.
De allí es que el home-schooling tenga tanto éxito y, como apunta The Economist, oficiales de admisión de universidades de prestigio quedan tan impresionados con el buen nivel de preparación, con los modales refinados y las adecuadas vestimentas de los candidatos entrenados en este sistema, para no decir nada de los problemas que se evitan de drogas, sexo y violencia frecuentemente presentes en casas de estudio estatales.
Y no es que en las instituciones privadas no hayan problemas, se trata de que cada uno pueda elegir y cambiar sin verse compelido a financiar actividades que no comparte y que voluntariamente no está dispuesto a sostener. Pero para las necesarias salvaguardas y para que sea operativa la flexibilidad en los autocorrectores es indispensable, insistimos, que los centros de estudios privados sean realmente privados y evitar otro canal por el que se pierde independencia del aparato estatal: los subsidios bochornosos como los que señala Richard Pipes en cuanto a que universidades como las de Columbia, Harvard y Princeton llegaron a recibir respectivamente el 50%, el 38% y el 32,4% de sus presupuestos totales del gobierno federal.
Por todo lo dicho es que Ludwig von Mises ha escrito que “ En realidad hay solo una solución: el estado, el gobierno, las leyes no deben ocuparse de los colegios ni de la educación. Los fondos públicos no deben ser utilizados para esos fines. La crianza y la instrucción de la juventud debe dejarse enteramente en manos de los padres y de las asociaciones e instituciones privadas”.
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