Por:
Hugo Balderrama
Moral
y buenas costumbres son conceptos que no pueden separarse de la elección
individual, por tanto ajenas a la ley, la abstención de lo prohibido no es un
acto moral, el consumo de lo permitido tampoco, es simplemente obediencia al
control político.
Nuestra
época se caracteriza por identificar de forma errónea el papel del estado sobre
los asuntos individuales, el común de la
gente cree que las autoridades deben premiar conductas catalogadas como buenas
y castigar las consideradas malas. Esta confusión es el gen para el nacimiento
de leyes tan ridículas como las que castigan a fumadores, drogadictos o
jugadores de póker, convirtiendo hábitos y vicios en delitos sin víctima.
En
este punto se hace necesario aclarar el papel del estado, como vimos no todo lo
malo debe prohibirse ni todo lo bueno premiarse, el estado solo debe castigar
en el caso de existencia de damnificados como por ejemplo el homicidio, el robo
o la violencia contra inocentes.
Si
un adulto decide de manera voluntaria tomar vodka, fumar marihuana, esnifar
cocaína o empacharse con comida; es un acto de elección individual al no
existir victimas el estado no tendría razón de castigar al sujeto,
lastimosamente los gobiernos creen ser un referente moral, lo que ocasiona que
la guillotina del poder se torne cada vez más cerca de las cabezas de los
ciudadanos sobre todo de aquellos que salen de los índex oficiales.
Observe
la hipocresía de este modelo, como los planes de educación estatales que se
imponen en los colegios están definidos como buenos todos aquellos niños que se
aburren en clases son catalogados como enfermos de Síndrome de Falta de
Atención, el estado recomienda el uso de drogas licitas y en muchos casos
obliga a los padres a pagar el tratamiento de estos infantes aun en contra de
las convicciones de las familias.
En
materia sexual vale la misma regla, el estado no puede promover o prohibir una
determinada conducta sexual, por eso la homosexualidad no puede ser catalogada
como delito, pero tampoco los gay y lesbianas deberían exigir derechos
especiales como por ejemplo el ingreso libre a universidades, puestos de
trabajo o pertenecer a clubes sin pasar por los canales de admisión regulares,
su sexualidad no tiene que ser objeto de privilegios ni una excusa para
vulnerar derechos de terceros.
En
la cuestión religiosa la neutralidad del estado es concordante con los otros
principios del pensamiento liberal, los gobiernos no pueden usar fondos para
financiar una determinada denominación (católica, presbiteriana, metodista,
etc.) tampoco deben existir iglesias oficiales, ni ley de cultos con sus
requisitos y exigencias. Las iglesias deben tener la absoluta libertad de
apertura, funcionamiento, admisión y
expulsión de personas.
El
matrimonio es un acuerdo contractual, no es función gubernamental dar permiso a
las personas para casarse en parejas heterosexuales u homosexuales, los adultos
que desean contraer nupcias lo pueden hacer estableciendo cada uno de forma
libre y voluntaria los puntos que contendrá este contrato ante notarios civiles
o en su caso dentro de las reglas religiosas de las partes. El matrimonio
privado sería lo mejor, sobre todo en sociedades cultural y espiritualmente
divididas como las occidentales de hoy. Cada quien, no importa su preferencia
en materia sexual o de religión, procedería de conformidad a su forma de pensar
y ver las cosas, y sin que unos pretendan imponer sus convicciones a otros por
la fuerza.
La importancia y extensión de las
libertades individuales y la posibilidad de que estén colocadas efectivamente
fuera del alcance de cualquier pretensión legislativa, que no sea para afirmar
su existencia e inviolabilidad, están pues en función del reconocimiento de que
el hombre es un fin en si mismo y tiene pleno derecho a la acción en libertad,
sin otra limitación que la que resulta de la necesidad de la existencia de un
de gobierno para la debida protección de la vida, la libertad y la propiedad de
los demás hombres que conviven con él en sociedad. Las otras limitaciones que
cada uno se impone en razón de su fe religiosa, nada tienen que ver con la
acción compulsiva del Estado. El grado y extensión en que es respetado el libre
albedrío, se traduce en la naturaleza del gobierno que se tiene y que puede
variar, desde el absolutismo, hasta el ideal de Gobierno con poderes limitados.