Por: Hugo Balderrama
El 1 de Febrero dio comienzo a la nueva gestión académica en colegios y universidades. Y arrancó también una reforma en la enseñanza que el oficialismo llama “la revolución educativa” a través de la ley Avelino Sinani y Elizardo Pérez.
Según las declaraciones del ministro del área es “la política educativa más moderna y avanzada de toda América Latina, solo comparable con las aplicadas en Cuba y Venezuela”. Lastimosamente la ley de marras ni es moderna, no es educativa, y muchos menos reformadora. Su contenido y fundamento es el mismo discurso marxista camuflado de indigenista con un toque New Age y la religión ecologista de la Madre Tierra. “Política Correcta”.
Mucha gente se cuestiona los contenidos de la enseñanza oficial, y propone otros contenidos, pero no se hace la gran pregunta: ¿por qué el Estado debe ser maestro y educador? Lo que caracteriza al Estado es el uso de la fuerza, ¿es necesaria para educar? ¿Debe el Estado imponer una u otra educación a la fuerza, coactivamente?
La educación compulsiva en manos del Estado comenzó en el siglo XVIII. Se asumió que los padres no enviarían a sus hijos a la escuela si no fuesen forzados a hacerlo; que la escuela estatal seria “gratuita”; y además “neutral” en materia religiosa.
El primer supuesto es un error; la educación es por naturaleza la primera preocupación que tenemos los padres, por siglos las familias enviaron a los centros académicos a la prole sin la necesidad de ser obligados, solo basta observar la gran tradición griega, hindú, musulmana, cristiana y judía en materia educacional. En cuanto al segundo supuesto, la gratuidad, tampoco es así: sus recursos provienen de la financiación compulsiva es decir tributos, punto en el cual es necesario recordar que a mayores tasas impositivas menores niveles de capitalización lo cual compromete la creación de nuevas fuentes de empleo y perjudica el ahorro en especial de los más necesitados.
En cuanto al tercer supuesto, la religión, es una cuestión privada. No es tarea de los gobiernos promover o negar la práctica de tal o cual religión o ninguna. Los padres podemos inculcar valores religiosos en los hijos, pero al final será una decisión personal de ellos si aceptan o rechazan los principios de sus progenitores. Lo que debería existir una absoluta libertad en la creación de colegios y el diseño de planes educativos que respondan a los principios que como familia queremos transmitir a nuestros descendientes: ateos o religiosos de esta o la otra confesión o iglesia particular.
La imposición de currículos educativos uniformes donde los estudiantes serán tratados como una línea de producción en serie, es de hecho la muestra más patente de autoritarismo. Lastimosamente en nuestro país todo el mundo parece aceptar la creencia de que los legisladores son los indicados para decidir lo que cada uno de nosotros debe aprender La pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué ellos? ¿No serán los propios padres quienes saben qué es mejor para su hijo?
En todo caso, ¿no lo debería decidir cada uno de acuerdo a sus necesidades, intereses, potencialidades, gustos? Pareciera que la respuesta es que no. Y, sin embargo, si asumimos que los padres no saben qué es bueno para cada hijo y esos mismos padres resultan electos en y para algún “cargo público”, ¿de pronto “saben” qué es bueno para los hijos de “todos”?
En la orientación del liberalismo clásico, Friedrich Hayek ha advertido: “Cuando al hacer una ley se han previsto sus efectos particulares, aquella deja de ser un simple instrumento para uso de las gentes y se transforma en un instrumento para uso del legislador sobre el pueblo y para sus propios fines”. Por su parte, Bruno Leoni sostuvo “nos hemos acostumbrado cada vez más a considerar el proceso legislativo como una cuestión que concierne a las asambleas legislativas, más bien que a los hombres ordinarios de la calle, y, además, como algo que se puede hacer de acuerdo con las ideas personales de ciertos individuos, siempre que éstos estén en una posición oficial para hacerlo”.
El sistema educativo deber ser sometido a una profunda desregulación y desmonopolización de la función docente por parte del magisterio. Si dejamos que el Estado diseñe el sistema (instituciones, programas, bibliografías), lo imparta (en instituciones de gestión privada y de gestión pública, ya hemos visto que es casi lo mismo) y lo controle (certifique, habilite y audite) habremos caído en una profunda trampa. Es urgente limitar las funciones del Estado en materia educativa.
En un mercado educativo abierto, verdaderamente competitivo, el gobierno no cercenaría la posibilidad a los padres de elegir para sus hijos las escuelas administradas privadamente y que se amoldaran a las convicciones de cada cual. Además cortaríamos con la eterna dependencia del Estado. Los padres tendríamos opciones genuinas como el homescholling o colegios y universidades verdaderamente privados confesionales o no, donde el contenido mínimo será libre de la intromisión de las botas estatistas, la verdadera reforma en la educación consiste en hacerla más libre, más eficiente y más acorde a las necesidades, gustos y potencialidades de cada irrepetible ser humano individual.
